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En virtud del Acuerdo entre la República Italiana y la República Bolivariana de Venezuela sobre la promoción y protección de inversiones, realizado en Caracas el 14 de febrero 2001, "inversión" significa, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país receptor, cualquier contribución o bien invertido o reinvertido en una actividad productiva, por personas físicas o jurídicas de una Parte Contratante en el territorio de la otra, de acuerdo con las leyes y reglamentos de esta última.

En este contexto de carácter general, se consideran como inversiones específicamente, aunque no exclusivamente: 
a) bienes muebles e inmuebles, así como todos los demás derechos reales, como los derechos reales de garantía sobre bienes de terceros;
b) acciones, acciones corporativas, inversiones y otros derechos similares;
c) bonos, títulos públicos y privados, o cualquier otro derecho a beneficios o servicios relacionados con las inversiones que tienen un valor económico, como también los ingresos capitalizados;
d) los préstamos directamente relacionados con una inversión, realizada a través de los canales bancarios, empleados regularmente y documentados de acuerdo a las disposiciones vigentes en el país donde se realiza la inversión;
e) los derechos de autor, propiedad industrial o intelectual, como patentes, licencias, marcas, secretos comerciales, así como los procesos técnicos, transferencias de know-how, nombres registrados y fondo de comercio;
f) todos los derechos económicos conferidos por ley o por contrato, así como cualquier permiso o licencia expedida de acuerdo con las disposiciones vigentes relativas al ejercicio de actividades económicas, incluidas la prospección, cultivo, extracción de la explotación de los recursos naturales. 

El término "inversionista", indica toda persona física o jurídica de una Parte Contratante que ha hecho o hace, las inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, o ha tenido, a este último, la obligación irrevocable de realizar inversiones en su territorio. "Persona natural" indica, para cada Parte, a una persona que sea nacional de esa Parte, de conformidad con sus leyes; "persona jurídica", en referencia a cualquiera de las Partes, cualquier entidad constituida bajo las leyes de la Parte Contratante, con una dirección en el territorio de esa Parte.

Cada Parte Contratante, en su territorio, otorgará a las inversiones realizadas por inversionistas de la otra Parte Contratante, a los ingresos y las actividades asociadas con este tipo de inversiones, un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores o a los inversores de los países tercero.

Si los inversionistas de una de las Partes Contratantes sufren pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte, debido a guerra u otros conflictos armados, estados de emergencia o de otros eventos similares, la Parte Contratante en cuyo territorio se hizo la inversion, aesgurará, con respecto a la compensación, un tratamiento no meno favorable de lo que otorga a sus propios ciudadanos, o a los inversionistas de un tercer país. 

Las inversiones de inversinostas de una Parte Contratante no serán, en el territorio de la otra, nacionalizadas, expropiadas, requisadas o sujetas a medidas de efecto equivalente a menos que existen todas las siguientes condiciones: que tal medidas se han adoptado para el interés público, o en el caso de la nacionalización, para fines de interés nacional; que han sido adoptadas de conformidad con los procedimientos reglamentarios previstos; que no sean discriminatorias; que sean acompañadas de disposiciones que exigen el pago de una indemnización adecuada, efectiva e inmediata.

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Para saber más sobre el tema, ver también:

Contrato de distribución en Italia

Principios generales de los contratos en Italia

El contrato de agencia en Italia

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