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El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana para la promoción y protección reciproca de las inversiones, se firmó en Roma el 24 de noviembre 1999 y entró en vigor en Italia con la Ley n. 48 de 2001.

En virtud del Acuerdo, el término inversión significará toda clase de activos invertidos antes o después de la entrada en vigor de este Acuerdo, por un inversionista de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante, en cualquier forma legal. Sin embargo, no será aplicable para las divergencias o controversias que hayan surgido con anterioridad a su entrada en vigor. El término inversión comprende en particular; aunque no exclusivamente:

- propiedades muebles e inmuebles, adquiridos o utilizados para fines económicos, y cualquier derecho in rem , tales como derechos de prenda, gravámenes e hipotecas;

- acciones, instrumentos de deuda y otros valores, así como participaciones accionarias y otras formas de participación;

- reclamaciones pecuniarias o cualquier otra prestación con valor económico, estrictamente relacionadas con una inversión duración menor de tres años;

- derechos de propiedad intelectual incluyendo, en particular, derechos de autor y derechos de propiedad industrial tales como patentes, marcas, diseños industriales, nombres comerciales, así como conocimientos técnicos (know how), secretos comerciales, y prestigio y clientela (goodwill);

- derechos conferidos por ley, contrato, o en virtud de licencias y permisos de conformidad con la legislación, para llevar a cabo actividades económicas, incluyendo contratos de llave en mano o de construcción o derechos derivados de una concesión;

- derechos derivados de licencias o concesiones otorgadas por una empresa del Estado.

El término inversionista significará, con respecto a cada Parte Contratante, cualquier persona física o jurídica autorizada, de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante, para realizar inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante.

Persona física significa cualquier persona natural que tenga la nacionalidad de una Parte Contratante de conformidad con su legislación.

Persona jurídica significa una empresa del Estado, una empresa, una firma, una asociación o cualquier otra entidad que tenga su sede en el territorio de una Parte Contratante y reconocida como persona jurídica de conformidad con su legislación, independientemente si su responsabilidad es limitada o de otra índole.

Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones realizadas en su territorio por inversionistas de la otra Parte Contratante, trato justo y equitativo y se abstendrá de adoptar medidas discriminatorias que puedan impedir la operación, administración, mantenimiento, uso, disposición, transformación o liquidación de la inversión. Estas inversiones disfrutarán de plena protección legal y seguridad.

Cada Parte Contratante otorgará a los inversionistas de la otra Parte Contratante, así como a sus inversiones y rentas, trato no menos favorable que el que conceda a sus propios inversionistas y a sus inversiones y rentas, o a inversionistas de cualquier tercer Estado.

Si los inversionistas de cualquier Parte Contratante sufren pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante como resultado de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia o situaciones similares, la última Parte Contratante deberá, de conformidad con su legislación, ofrecer a los inversionistas el mismo trato que el que otorgue a sus propios inversionistas y, en todo caso, un trato no menos favorable que el otorgado a los inversionistas de cualquier tercer país.

Para saber más sobre el tema, ver también:

Tribunal especial para las empresas extranjeras en Italia

Principios generales de los contratos en Italia

El contrato de agencia en Italia

Contrato de patrocinio en Italia

La terminación del contrato por incumplimiento y el aviso para cumplir

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